Pero en esta ocasión, Pesántez está dispuesto a acudir a la Cancillería y a cualquier instancia que se requiera “para que los gobiernos que acogieron a estas personas nos los devuelvan, eso es lo que haremos”, insistió.
Para el ministro fiscal, lo peor que le puede pasar al país es que prescriban esas causas que deben recibir sentencia.

“No queremos venganza, queremos procesos justos”, aseguró. La meta es que la ciudadanía perjudicada sepa qué pasó y a la vez sentar una especie de precedente, para que nunca más vuelva a suceder.

Precisamente, Pesántez fue a la Corte a pedir a los magistrados un trabajo conjunto para la resolución de los juicios.

Dos conjueces de la primera sala de lo Penal de la Corte intentan reactivar el caso Filanbanco, quienes asumieron su competencia tras la recusación de los jueces Roberto Gómez y Joffre García (separado de la CSJ por demorar el trámite del juicio) y la separación del conjuez Gastón Ríos.

Eduardo Tapia y Rodrigo Serrano buscan un tercer miembro para completar la sala que conocerá el caso. Aunque los conjueces empezaron a revisar el voluminoso proceso (más de 40.000 hojas), la falta de uno de los miembros impidió la reactivación completa del caso Filanbanco.

Pero más allá de la sentencia, el fiscal también buscará un mecanismo para recuperar los dineros de la crisis, porque en los procesos penales solo hay lugar a la indemnización de daños y perjuicios y a la reparación civil cuando se ganan los procesos.

Pesántez planteará ante la Asamblea Constituyente un proyecto de extinción de dominio.

Se trata de un juicio rápido “que extingue la propiedad de los bienes mal habidos del narcotráfico, por lavado de activos y otra clase de delitos”.

Esa norma se aplicaría al caso Filanbanco, cuyas pérdidas son millonarias. La primera Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, creada por el presidente Rafael Correa, determinó que: “Filanbanco, en 1997 mostraba una pérdida importante de depósitos, falta de liquidez y sobre todo deficiencia patrimonial. Los índices de desempeño de Filanbanco iban desmejorándose, de manera acelerada, en consideración con la baja calidad de sus activos... Esta situación se vio agravada por los créditos vinculados”... (pág. 51 y 52).

Por su parte, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en el caso Filanbanco, advirtió “el riesgo de impunidad ante el abuso de fondos bancarios de esta entidad, que no estaba en situación de iliquidez sino en problemas de solvencia.

Los fondos de los depositantes de Filanbanco se invirtieron en créditos otorgados a las empresas vinculadas y de papel, a los accionistas de Filanbanco y a su grupo financiero, sin exigir ninguna garantía”.