Esa campaña, a su juicio, influyó, "consciente o inconscientemente", en el fallo de la Corte de Apelaciones, que el viernes anuló los procesamientos de la viuda, cuatro hijos y diez colaboradores de Pinochet por presunta malversación de fondos públicos.

"Es una campaña de desprestigio, de descalificación brutal, inaceptable en realidad, porque él es un juez con un historial, de grandes méritos, y se le ha descalificado", precisó Insunza a la emisora de radio Cooperativa.

El letrado, quien confirmó que ha apelado el dictamen ante la Corte Suprema, dijo que la campaña consistió en instalar, a través de la prensa, a la familia Pinochet "como víctimas".

Tras procesar a los parientes y colaboradores de Pinochet el 4 de octubre, Cerda viajó a Estados Unidos para recibir un premio por su labor en la defensa de los derechos humanos, lo que le costó una serie de descalificaciones de los imputados, sus abogados y simpatizantes del fallecido dictador.

Anteriormente, los letrados de la familia habían mantenido a Cerda apartado del caso durante más de un año, mediante recursos en que cuestionaban su imparcialidad.

Unas declaraciones de Cerda, tras recibir el premio, sobre la Justicia chilena conllevaron la apertura de un expediente disciplinario que está en curso.

Insunza planteó sus dudas de que la supuesta campaña de desprestigio contra el magistrado influya también en la Corte Suprema.

"Yo no sé si eso va a influir en la Corte Suprema cuando resuelva en definitiva estos amparos...Es posible que alguno (de los jueces) se haya molestado por algunas declaraciones, pero esto está dentro de un contexto, coincide con que el juez Cerda dicta los procesamientos, viaja a Estados Unidos (...)", señaló.

Agregó que no se trata de una situación nueva, al recordar que el juez Juan Guzmán, quien procesó a Pinochet por violaciones a los derechos humanos, fue también objeto de descalificaciones que al final lo llevaron a abandonar el Poder Judicial.

En cuanto a la resolución de ayer, Insunza calificó de "extraño" que la Corte de Apelaciones haya entrado en "asuntos de fondo" del proceso, al fundamentar su decisión en que los familiares de Pinochet no son empleados del Estado y, por tanto, no pudieron malversar fondos públicos.

Destacó que uno de los tres jueces, Mauricio Silva, quiso rechazar los amparos de la viuda Lucía Hiriart, de Marco Antonio Pinochet, del ex albacea Óscar Aitken y del colaborador José Sobarzo, "aduciendo justamente lo contrario".

Indicó que "es un voto creíble, es un voto serio (...), dice que el amparo no es la instancia para calificar si son empleados públicos o son particulares".

"Incluso, hay fallos de la Corte Suprema que han condenado a particulares que actuaron junto a un empleado público en fraude al fisco. Por lo tanto, esa parte del fallo yo creo que es extraña", insistió.

Además de los nombrados, el juez Silva estuvo por rechazar los amparos de otros dos colaboradores, Mortimer Jofré y Patricio Madariaga.

En la fundamentación de su rechazo, Silva citó el caso del ex ejecutivo de La Corporación del Cobre (Codelco) Juan Pablo Dávila, condenado en los años 90 por defraudar más de cien millones de dólares a la Minera estatal.

En ese proceso, la Corte de Apelaciones determinó que "la calidad de funcionario público se comunica a los coautores", para sentenciar a familiares de Dávila que se habían beneficiado de sus delitos, lo que fue ratificado por la Corte Suprema.