Según explica el director de la Unidad Transitoria de Defensoría Pública, Ernesto Pazmiño, esto representa el 15% de efectividad, pese a los problemas que tuvieron al inicio.

El más común fue la falta de información actualizada sobre los procesos de los internos en los centros de rehabilitación y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

El funcionario reconoció que se retrasó el trabajo de los defensores debido a la aplicación del art. 24 de la Constitución (el 23 de octubre del 2007), en el que se caducan los plazos de la prisión preventiva (seis meses para delitos de prisión y un año para los de reclusión).

Los abogados fueron contratados por el Gobierno el 20 de septiembre del año pasado porque en el país solo trabajan 32 profesionales que dependen de la función Judicial y no alcanzan para atender la demanda.

Desde entonces han defendido a internos que han cometido todo tipo de delitos. También han tramitado excarcelaciones por caducidad de la prisión preventiva o por fianza.

Pazmiño confía en que durante este año se logre tramitar entre 4.000 y 4.500 procesos penales.

Anunció que los abogados públicos contratados para las provincias de Manabí y Los Ríos iniciarán su trabajo de defensa en este año, aunque no precisó fecha.

Este proceso estará sujeto al desembolso que realice el Ministerio de Finanzas en estos días y que asciende a cuatro millones de dólares.

El año pasado, a la Unidad de Defensoría Pública se le transfirieron casi 6 millones 800 mil dólares, de los cuales solo se utilizaron 500 mil dólares para el cancelar el sueldo de los abogados que laboran en la entidad.

Decreto
La contratación de los defensores públicos se basó en el decreto de emergencia del Sistema de Rehabilitación Social, emitido el pasado 23 de junio.

Remuneración
Cada abogado recibe 400 dólares por juicio concluido, según lo establecido en el contrato.

Juicios
La Defensoría Pública aspira a evacuar durante este año entre 4.000 y 4.500 causas de internos de las cárceles del país que aún no tienen sentencia.