El hablarle a los niños acerca del divorcio es difícil. Los siguientes consejos pueden ayudar a los niños y a los padres con el reto y el estrés sobre estas conversaciones:

El hablarle a los niños acerca del divorcio es difícil. Los siguientes consejos pueden ayudar a los niños y a los padres con el reto y el estrés sobre estas conversaciones:

• No lo mantenga en secreto o espere hasta el último momento.
• Infórmeselo a su niño junto con cónyuge.
• Mantenga las cosas de manera simple y directa.
• Dígale que el divorcio no es culpa de él / ella.
• Admita que ello tal vez será penoso y desconcertante para todos.
• Asegúrele a su niño que los dos todavía lo quieren y que siempre serán sus padres.
• No discuta con el niño las faltas y problemas de cada uno de ustedes

Divorcios con Hijos

El Juez observo que a pesar que debe ejercerse una cuidadosa seguridad en las aplicaciones para residencia permanente, no podría entenderse porque es necesaria una revisión de antecedente para un individuo que ya es residente permanente especialmente cuando ya se ha realizado la entrevista de naturalización. Abogados de Inmigracion

Antes de cruzar la frontera, un letrero electrónico gigante informaba que a partir del 31 de enero todos los ciudadanos estadounidenses y canadienses deben presentar prueba de nacionalidad.

El Robo Fraude y Estafas Por Internet con Los Correos Electronicos Phishing

El juez Andrew Hanen, de Brownsville, ordenó a 10 de los 12 terratenientes que den acceso a su tierra durante 180 días. Los otros dos estaban a punto de llegar a un acuerdo con el gobierno.

Hanen denegó ese pedido y ordenó al gobierno que notificara a todos los propietarios sobre la audiencia, a realizarse el viernes.

"Esta corte estará disponible si se la requiere para la resolución de cualquier disputa, pero espera que todas las partes actúen de manera cooperativa y con el debido respeto por los derechos y necesidades de las demás partes en la ejecución de esta orden", escribió Hanen en el fallo fechado el viernes y dado a conocer el lunes.

En cambio, el juez federal Alia Moses Ludlum recibió la demanda del gobierno contra la ciudad de Eagle Pass y emitió una orden antes de que el municipio pudiera responder.

Hanen, quien como Ludlum fue designado por el presidente George W. Bush, criticó los esfuerzos del gobierno por contactar a los terratenientes y escuchó declaraciones de algunos propietarios y sus abogados en la audiencia del viernes.

Los vecinos de Brownsville y el alcalde Pat Ahumada han expresado fuertes críticas de la barda fronteriza, cuya construcción ordenaron Bush y el Congreso para detener la inmigración ilegal y el contrabando.

Ahumada negó a los agrimensores el acceso a tierras de propiedad del municipio, señalando que en los primeros planos la barda atravesaba el centro de Brownsville.

A fines del año pasado, el Departamento de Seguridad Interior ofreció a algunos propietarios 3.000 dólares por el acceso a sus tierras para tareas de agrimensura. Muchos se negaron por principio, y Ahumada dijo que era "dinero a costa de la vida ajena".

El secretario de Seguridad Interior, Michael Chertoff, envió cartas a los vecinos en las cuales los amenaza con llevarlos ante los tribunales si negaban el acceso. Hasta ahora, Eagle Pass y el condado de Cameron son los únicos casos que han llegado a la corte.

Dos de los demandados, uno de los cuales es la Junta de Servicios Públicos de Brownsville, no están incluidos en la orden de Hanen porque el gobierno estaba a punto de llegar a un acuerdo con ellos.

Hanen ordenó que los contratistas del gobierno cooperaran con los terratenientes para reducir la intromisión al mínimo.

Hanen denegó el pedido del gobierno de tener acceso a las propiedades adyacentes a las mencionadas en la orden.

Nancy Herrera, vocera de la fiscalía federal en Houston, dijo que la orden era clara y que la oficina no haría declaraciones sobre asuntos pendientes.

El acceso a las propiedades finalizará el 23 de julio. Cada propietario recibirá 100 dólares, pero podrá pedir más si se producen daños en su propiedad. Los poseedores de propiedades comerciales han dicho que la compensación es insuficiente.

El más común fue la falta de información actualizada sobre los procesos de los internos en los centros de rehabilitación y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

El funcionario reconoció que se retrasó el trabajo de los defensores debido a la aplicación del art. 24 de la Constitución (el 23 de octubre del 2007), en el que se caducan los plazos de la prisión preventiva (seis meses para delitos de prisión y un año para los de reclusión).

Los abogados fueron contratados por el Gobierno el 20 de septiembre del año pasado porque en el país solo trabajan 32 profesionales que dependen de la función Judicial y no alcanzan para atender la demanda.

Desde entonces han defendido a internos que han cometido todo tipo de delitos. También han tramitado excarcelaciones por caducidad de la prisión preventiva o por fianza.

Pazmiño confía en que durante este año se logre tramitar entre 4.000 y 4.500 procesos penales.

Anunció que los abogados públicos contratados para las provincias de Manabí y Los Ríos iniciarán su trabajo de defensa en este año, aunque no precisó fecha.

Este proceso estará sujeto al desembolso que realice el Ministerio de Finanzas en estos días y que asciende a cuatro millones de dólares.

El año pasado, a la Unidad de Defensoría Pública se le transfirieron casi 6 millones 800 mil dólares, de los cuales solo se utilizaron 500 mil dólares para el cancelar el sueldo de los abogados que laboran en la entidad.

Decreto
La contratación de los defensores públicos se basó en el decreto de emergencia del Sistema de Rehabilitación Social, emitido el pasado 23 de junio.

Remuneración
Cada abogado recibe 400 dólares por juicio concluido, según lo establecido en el contrato.

Juicios
La Defensoría Pública aspira a evacuar durante este año entre 4.000 y 4.500 causas de internos de las cárceles del país que aún no tienen sentencia.

Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, uno de los siete miembros del comando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), criticó la acogida dada la semana pasada en Madrid y Bruselas a Uribe, que viajó a pedir que esa guerrilla siga en la lista de grupos considerados terroristas por la UE.

Tras calificar al español Javier Solana de "perverso", "Iván Márquez" afirmó que el rey y el presidente Rodríguez Zapatero "debieran más bien reconocer la autodeterminación al país vasco en lugar de avalar sinvergüenzas", en alusión al mandatario colombiano.

El insurgente insistió en acusaciones contra Uribe por supuestos nexos con narcotraficantes hace veinte años y subrayó que el jefe del Estado "se sostiene contra la ética y el decoro gracias al apoyo militar y político del Gobierno de Estados Unidos, del rey y el Gobierno del Estado español" y de varios medios de comunicación colombianos "que lo encubren y lo protegen".

Aunque las FARC figuran en las listas de organizaciones calificadas como terroristas por la UE y Estados Unidos, hace dos semanas el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió excluirlas de dichas relaciones y darles "estatus de beligerancia", ya que según él son "ejércitos".

No obstante, el Ejecutivo colombiano insistió en que las FARC son terroristas, ya que tienen secuestradas a más de 700 personas y en esas condiciones no pueden tener dicho estatus.

Mukasey añadió que incluso se trabaja en una versión en español de este equipo de rastreo de armas para que también sea utilizado por las autoridades mexicanas como parte del compromiso de combatir al crimen organizado, en especial al narcotráfico, y la violencia que ha desatado.

También se realizarán inspecciones en las tiendas de armas cercanas a las fronteras para determinar si están siendo enviadas a México, en cuyo caso se les revocará la licencia de venta, dijo. Lo mismo se hará con aquellas personas con permiso de porte de armas que se dediquen al tráfico ilegal.

"Vamos a inspeccionar las tiendas de armas en la frontera para combatir el fenómeno (...) de gente que está autorizada para adquirir armas, pero que en vez de comprarlas para su propio uso las compra para enviarlas a México o para gente que las lleva", dijo.

En diciembre pasado, el procurador mexicano aseguró que la mayor parte de las 8.000 armas incautadas este año en México provienen de Estados Unidos, y detalló al respecto que de las 100.000 tiendas de armas que hay en el vecino del norte, 12.000 están ubicadas en regiones fronterizas, con un alto volumen de ventas.

Mukasey, que realiza su primera visita al extanjero desde que ocupa el cargo de fiscal general, explicó que decidió viajar a México porque la relación en materia de procuración de justicia con este país es "cercana, importante y productiva" y existe el compromiso común de combatir al narcotráfico.

De su lado, el procurador mexicano sostuvo que la colaboración en el combate al narcotráfico entre México y Estados Unidos se refleja en "el significativo incremento de los precios de drogas como la cocaína y las metanfetaminas, así como en la baja de su pureza".

Pero Medina reconoció que aún quedan "espacios de impunidad" abiertos a la delincuencia, como son "el flujo ilícito de armas y de dinero de Estados Unidos hacia México, cuyas consecuencias directas son el incremento de los niveles de violencia" en territorio mexicano.

Mukasey también se reunió con el presidente mexicano Felipe Calderón, al cual le transmitió un mensaje de su par estadounidense George W. Bush en el que reconoce las acciones del gobierno de México en el combate a la delincuencia organizada.

El gobierno de Calderón puso en marcha hace un año operativo con más de 20.000 policías y militares para combatir al narcotráfico, aunque la violencia no ha decrecido. Sólo en 2007 se registraron más de 2.500 ejecuciones.

Mark A. Pizzo, juez que instruye el caso en un tribunal de Tampa (Florida), ha dado un plazo de 14 días a Odyssey para que facilite a España la información detallada sobre el tesoro valorado en más de 500 millones de dólares (350 millones de euros). El Gobierno español había exigido a la empresa submarina estadounidense, con sede en Tampa, que le proporcionara información específica sobre el lugar exacto del tesoro, entre otros detalles.

Ahora, ha proseguido Goold, Odyssey tiene la obligación ineludible de facilitarnos "la localización del barco (hundido del que procede el pecio), información sobre el tesoro y los "objetos" extraídos y el "permiso para examinar los artefactos" del cargamento rescatado.

Para Odyssey, que ha reiterado en numerosas ocasiones que el tesoro fue extraído fuera de las aguas jurisdiccionales de España, era una irresponsabilidad "difundir datos que permitieran la localización del sitio arqueológico" y que cualquiera con unos mínimos recursos "pudiera tener la tentación de tratar de rescatar más objetos de valor". Por ello, exigía al Gobierno español un acuerdo de confidencialidad con relación al cargamento extraído, pacto que nunca se consumó.

El pasado 18 de mayo la empresa Odyssey anunció el hallazgo de un tesoro compuesto de monedas de plata y oro que, según el Ministerio español de Cultura, es un "cargamento extraído de un pecio de bandera española".

“No queremos venganza, queremos procesos justos”, aseguró. La meta es que la ciudadanía perjudicada sepa qué pasó y a la vez sentar una especie de precedente, para que nunca más vuelva a suceder.

Precisamente, Pesántez fue a la Corte a pedir a los magistrados un trabajo conjunto para la resolución de los juicios.

Dos conjueces de la primera sala de lo Penal de la Corte intentan reactivar el caso Filanbanco, quienes asumieron su competencia tras la recusación de los jueces Roberto Gómez y Joffre García (separado de la CSJ por demorar el trámite del juicio) y la separación del conjuez Gastón Ríos.

Eduardo Tapia y Rodrigo Serrano buscan un tercer miembro para completar la sala que conocerá el caso. Aunque los conjueces empezaron a revisar el voluminoso proceso (más de 40.000 hojas), la falta de uno de los miembros impidió la reactivación completa del caso Filanbanco.

Pero más allá de la sentencia, el fiscal también buscará un mecanismo para recuperar los dineros de la crisis, porque en los procesos penales solo hay lugar a la indemnización de daños y perjuicios y a la reparación civil cuando se ganan los procesos.

Pesántez planteará ante la Asamblea Constituyente un proyecto de extinción de dominio.

Se trata de un juicio rápido “que extingue la propiedad de los bienes mal habidos del narcotráfico, por lavado de activos y otra clase de delitos”.

Esa norma se aplicaría al caso Filanbanco, cuyas pérdidas son millonarias. La primera Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, creada por el presidente Rafael Correa, determinó que: “Filanbanco, en 1997 mostraba una pérdida importante de depósitos, falta de liquidez y sobre todo deficiencia patrimonial. Los índices de desempeño de Filanbanco iban desmejorándose, de manera acelerada, en consideración con la baja calidad de sus activos... Esta situación se vio agravada por los créditos vinculados”... (pág. 51 y 52).

Por su parte, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en el caso Filanbanco, advirtió “el riesgo de impunidad ante el abuso de fondos bancarios de esta entidad, que no estaba en situación de iliquidez sino en problemas de solvencia.

Los fondos de los depositantes de Filanbanco se invirtieron en créditos otorgados a las empresas vinculadas y de papel, a los accionistas de Filanbanco y a su grupo financiero, sin exigir ninguna garantía”.

Según la justicia de Estados Unidos, el dinero que transportaba Antonini Wilson estaba destinado a la campaña electoral de la entonces candidata Cristina Kirchner, luego vencedora en los comicios de fines de octubre.

Otra llamada del jefe de inteligencia venezolano tuvo lugar el 18 de noviembre, otra vez bajo el nombre de "Arvelo", para informar a Antonini que el abogado venezolano Moisés Maiónica, detenido en Miami acusado de ser agente encubierto de Venezuela, aconsejaría a Antonini sobre la estrategia a seguir para encubrir los hechos.

El martes, Tommy Ezquerdo, de 29 años, y Luis Danny Hernández, de 28, fueron hallados culpables de tres cargos de homicidio en segundo grado y uno de asalto en primer grado en la muerte de María De Jesús Magaña en su casa el 19 de diciembre del 2006. El veredicto del primer jurado apenas se demoró tres horas para condenar a Ezquerdo.

Un tercer acusado, Yeshua Camacho Figueroa, de 21 años, fue condenado en octubre bajo los cargos de asalto. Los tres enfrentan de 25 años a cadena perpetua en la prisión cuando el juez Dwyer les dicte sentencia dentro de las próximas semanas.

Ezquerdo le dijo a los investigadores que él le había puesto cinta pegante en la manos de Magaña, mientras que Hernández la apuñalaba y la estrangulaba después de haber encontrado dinero alguno para robarle.

En el juicio, el abogado de Ezquerdo, John Leonard, puso en tela de juicio su confesión diciendo que la policía había violado los derechos constitucionales de Ezquerdo por haber ignorado la solicitud que hiciera el sospechoso en español para obtener un abogado.

Ambos, Leonard y el abogado defensor Christopher Pelli, que representaron a Hernández, dijeron que tienen planeado apelar el veredicto.

Camacho Figueroa será sentenciado el 20 de diciembre, Ezquerdo el 29 de enero y Hernández el 4 de febrero.

"Se trata un hecho histórico, porque a raíz de mi Gobierno se rescatan los derechos humanos de 25 millones peruanos, si se cometieron algunas violaciones derechos humanos las rechazo, pero también rechazo los cargos y no acepto la acusación fiscal y le ruego iniciar el proceso", dijo un exaltado Fujimori al titular del tribunal.

El histórico juicio por violación a los derechos humanos contra el ex presidente peruano se inició este lunes en una sede policial de Lima a las 10:00 locales (15:00 GMT).

El ex mandatario, vestido con un traje oscuro y representado por el abogado César Nakazaki, se presentó ante un tribunal de tres jueces de la Corte Suprema encabezado por el magistrado César San Martín.

Fujimori debe responder por dos matanzas -Barrios Altos en 1991 y Universidad de La Cantuta- que en total dejaron 25 muertos, y por el secuestro de un empresario y un periodista opositores.

El primer fallo judicial contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori, por un caso de usurpación de funciones, se dictará este martes 11 de diciembre en medio de la expectativa por saber si el tribunal acogerá el pedido de siete años de prisión solicitado por la Fiscalía.

La probabilidad de una sentencia desfavorable para Fujimori es alta porque el propio ex presidente aceptó su responsabilidad en este caso, durante la fase procesal de la investigación del juicio realizada en octubre pasado en privado.

Su abogado, César Nakazaki, reconoció que su defendido cometió un acto ilícito pero como inductor y no como autor del delito que se le imputa. "En este caso la defensa no discute la absolución. Corresponde una pena, pero no como autor sino como inductor del hecho", admitió.

En caso de ser sentenciado como instigador Fujimori, de 69 años, podría recibir una condena menor a cuatro años de prisión en cuyo caso no iría a la cárcel.

La ley peruana prevé que un sentenciado irá a prisión cuando recibe una condena mayor a cuatro años.