El volumen de negocios anual de la construcción en Georgia es de 17,000 millones de dólares, o alrededor del 5 % del producto bruto del estado, según estadísticas oficiales.

De acuerdo con Pew Hispanic Center, entre el 60 y 75 % de los trabajadores de la construcción en la zona metropolitana de Atlanta son hispanos, la mitad de ellos indocumentados.

Empresarios del sector consultados de manera separada por EFE coincidieron en que de aprobarse leyes restrictivas para la inmigración sería un “caos” para la industria y quedarían “fuera del negocio”.

El gobernador de Georgia, Sonny Perdue, tiene para la firma el proyecto de ley SB 529, recientemente aprobado por el Congreso, que penalizaría a los empleadores de trabajadores indocumentados.

Para Victoria Chacón, una empresaria de la construcción de Atlanta, “el proyecto SB 529 a nivel estatal impactaría evidentemente”.

La empresaria, de origen peruano, dijo a EFE que “la industria se sumiría en el caos si esa ley es aprobada”.

Según Chacón, “el 95 % de los trabajadores de la construcción son latinos, y un alto porcentaje de ellos son indocumentados”.

Una casa de familia que cuesta en promedio entre 120,000 y 140,000 dólares subiría a 250,000 dólares, estimó.

Si estuvieran obligados a contratar a ciudadanos estadounidenses o por medio de los sindicatos, dijo, tendrían que pagar entre 28 y 30 dólares la hora, en comparación con los 12 a 14 dólares que cobran los trabajadores hispanos.

El profesor Richard Martin, del programa de bienes raíces de Terry College of Business, de la Universidad de Georgia, señaló que en “la medida en que logre detener el flujo migratorio, sí habrá un impacto en los costos de construcción y ello se verá reflejado en el precio de las casas”.

Algunos analistas económicos anticipan que el mercado inmobiliario en Atlanta está en vías de enfriamiento, con una mayor probabilidad de caídas en los precios de casas, que en los últimos años han sido una inversión de alto retorno.

En este sentido, Martin señaló que una escasez de mano de obra inmigrante podría enfriar la industria prolongando “los ciclos de construcción y venta de casas, y aumentaría la demanda de apartamentos de alquiler”.

Para el empresario Arnolfo García, “el impacto de la leyes de inmigración sería dramático”.

García dijo que un grupo de empresarios del sector tuvo una reunión con el gobernador Perdue hace tres semanas para hablar sobre los efectos de la ley SB 529.

“Si suponemos que los que estábamos allí éramos, aproximadamente, el 2 % de los empresarios de la construcción del estado, esa ley inmediatamente nos privaría de la noche a la mañana de 1,000 trabajadores ilegales, y se lo dijimos”, afirmó.

Como empresario mediano, con un volumen de negocios anual de unos 2 millones de dólares, García dijo que se vería condenado a la ruina si tuviera que despedir a los indocumentados.

“En vez de las 450 ó 600 casas que hacemos al año, solamente podríamos trabajar con cincuenta”, señaló.

“Esas leyes nos sacarían del negocio”, coincidió por su parte Jorge Andrade, de Andrade’s Clean Up, que tiene una planta de 120 empleados y un volumen de trabajo anual de unos 6 millones de dólares.

Los empresarios también destacaron la rapidez y calidad de trabajo de los latinos.

“Una casa que, figurativamente, tarda cuatro semanas en ser construida por un equipo estadounidense, es levantada en dos semanas por un equipo hispano, que apenas termina con eso sigue con otro proyecto”, dijo Chacón.

Según los datos más recientes de la Oficina de Censos de Estados Unidos, hay más de 5,800 empresas de construcción de propiedad de hispanos en Georgia, con un volumen de negocios superior a los 633 millones de dólares anuales.